ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE…

SI NO METES EN LA CÁRCEL, AHORA, A LOS MAFIOSOS DEL SEPARATISMO CATALÁN…

SE ADUEÑARÁN DE LAS CALLES Y OFRECERÁN AL MUNDO EL ESPECTÁCULO QUE LES INTERESA: EL GRAN TEATRO DE LA MANIPULACIÓN Y LA MENTIRA EN EL QUE LOS CRIMINALES GÁNGTERS DE LA SEDICIÓN OBTENDRÁN TODAS LAS VENTAJAS…

Ya es hora de que el C.N.I. (Centro Nacional de Inteligencia) despliegue el operativo necesario para que las fuerzas de orden público y unidades del ejército, si son necesarios, detengan y encarcelen a los cabecillas de la violencia y de la rebelión contra la democracia española.

¿Cómo es posible que en nombre de una absurda interpretación de la “mesura” o del “diálogo” se dejen en manos de los sediciosos los medios de difusión de masas para llamar a tomar las calles?

Si de esta “lección” no aprende nada el gobierno de Mariano Rajoy, tendrá que ser el rey Felipe VI el que, de nuevo, saque de la “siesta” a las unidades de intervención militar para arrestar a los criminales traidores catalanistas.

Todavía no es tarde…

PERO LA SUERTE Y LA VENTAJA SE PIERDEN CUANDO DEJAS QUE EL ENEMIGO MUEVA TODAS SUS FICHA MIENTRAS EL GOBIERNO DE ESPAÑA NI SIQUIERA SE HA DISPUESTO PARA COMENZAR LA PARTIDA…

Por lo visto, algunos corruptos de la gobernanza y mafiosos de la política SE SIENTEN INTOCABLES

PREFIEREN INCENDIARLO TODO Y SUBIR LA APUESTA…

¿Qué condena le puede caer a Puigdemont si declara la independencia de Cataluña?

INVESTIGACIÓN: DIARIO ABC DE ESPAÑA

El presidente de la Generalitat ya está siendo investigado por desobediencia, prevaricación y malversación. Además, podría ser perseguido por un delito de sedición, otro de usurpación de funciones y el que implica mayor castigo: rebelión, por el que se piden hasta 30 años

La celebración del referéndum del 1 de octubre y la posible declaración unilateral de independencia podría llevar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a un procedimiento penal por el delito de rebelión: uno de los más graves y penado con hasta 30 años de cárcel.

La declaración unilateral de independencia (DUI) podría considerarse también sedición mientras que expertos justistas apuntan a que, en todo caso, los acontecimientos ocurridos hasta el momento suponen ya la posible comisión de otros delitos como son la desobediencia y la prevaricación –de carácter continuado–, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones.

Delito de rebelión

Sobre la rebelión, recogida en el artículo 472 del Código Penal y que precisa necesariamente un alzamiento con violencia, lo que para alguno de los consultados hace difícil que pueda aplicarse al momento actual en Cataluña. Sin embargo, otras fuentes consultadas que analizan el comportamiento del president explican que la violencia ya se habría producido durante los días anteriores, además de que sus decesiones abren la puerta a acciones violentas en el futuro.

La rebelión la comete quien se alzare «violenta y públicamente» para declarar la independencia de una parte del territorio nacional; derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; o destituir o despojar de facultades al Rey, entre otros casos. «Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma», así como «usar o ejercer por sí o despojar» a estas instituciones o «a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad», también se entiende como rebelión.

Si Puigdemont es acusado por este delito, se puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión. Según el artículo 473 del Código Penal las personas que han «promovido» y «sostengan» la rebelión serán castigados con la pena de entre 15 y 25 años de cárcel e inhabilitación por el mismo tiempo.

No obstante, la rebelión está penada con hasta 30 años en el caso de que se empleen armas, hubiera combates, ejercido de la violencia grave contra personas, causado destrozos en propiedades de titularidad pública o privada, «exigido contribuciones o distraído los caudales públicos» o cortado las comunicaciones «telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase», ejercido la violencia grave contra personas.

Precisamente, las CUP llamaron el pasado jueves jueves a analizar la forma de controlar puertos y aeropuertos para hacer efectiva la declaración de independencia de Cataluña. «Uno de los elementos pasa por el control del territorio», afirmó la diputada cupaire Eulàlia Reguant en una entrevista a ‘Nació Digital’.

El único precedente que se conoce en la democracia española en relación a este delito es el del exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, por tomar el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. También fueron condenados por lo mismo los mandos que participaron en el intento de Golpe de Estado.

Sedición

La sedición se atribuye a aquellas personas que se alcen «pública y tumultuariamente» para impedir «por la fuerza o fuera de las vías legales» la aplicación de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público. El código penal prevé entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a las personas «constituidas en autoridad» que hayan «inducido, sostenido o dirigido» la sedición.

NO SOLO EL PRESIDENTE DE LA AUTONOMÍA CATALANA IRÍA A LA CÁRCEL…

Muchas otras personas, investigadas por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en relación a los incidentes que tuvieron lugar en las concentraciones de los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona en el que varios coches de la Guardia Civil sufrieron daños cuando registraban la Consejería de Economía y los agentes no pudieron salir hasta la madrugada del día siguiente porque la multitud concentrada se lo impidió. La magistrada subrayó que estos actos iban «dirigidos a romper la organización territorial del Estado».

Otros juristas consultados apuntan la posibilidad de que, en función de las decisiones que adopte Puigdemont y o los miembros de su Gobierno para hacer cumplir las previsiones de su denominada ley de transitoriedad jurídica, se incurra en delitos de usurpación de funciones previsto en el artículo 302 del Código Penal. Este prevé que quien «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial» sea castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

Desobediencia, prevaricación y malversación

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se admite a trámite otra querella presentada por la Fiscalía Superior de Cataluña contra Carles Puigdemont, el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de miembros del Gobierno catalán que firmaron el decreto de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El delito de desobediencia castiga con inhabilitación de hasta dos años y multa a «quienes se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades».

El Tribunal Supremo condenó por este delito el pasado mes de marzo al exconsejero y diputado del PDeCat Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación por su participación en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional.

El alto tribunal tiene pendiente resolver el recurso presentado por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que fue condenado a 2 años por este mismo delito por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) junto a las exconsejeras de Presidencia Joana Ortega (1 años y 9 meses) e Rigau (1 años y 6 meses inhabilitada).

En cuanto a la prevaricación administrativa atendiendo a que el artículo 404 del Código Penal castiga con hasta 15 de años de inhabilitación a quienes «a sabiendas de su injusticia», dicten una «resolución arbitraria en un asunto administrativo». No obstante, el Supremo absolvió al exconsejero de Presidencia de este delito al entender que se sancionaría la misma conducta dos veces porque queda integrado en el de desobediencia.

Según los magistrados, Homs incurrió en el delito de prevaricación al «menospreciar» el mandato del Tribunal Constitucional, pero indicó que esta acción se encuentra dentro de una secuencia de omisiones de “una desobediencia más amplia”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña adoptó el mismo criterio a la hora de dictar sentencia contra Mas, Rigau y Ortega.

Por último, el delito de malversación es el único de estos tres que contempla la pena de hasta ocho años de prisión cuando alguien que tiene facultad de administrar un patrimonio causa un «grave daño o entorpecimiento del servicio público».

 

VIVA ESPAÑA

DIOS SALVE AL REY FELIPE VI

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